La Comisión Especial de Población y Desarrollo tuvo a consideración el proyecto de ley “Garantías para la primera infancia, infancia y adolescencia”, presentado por los diputados Carlos Varela, Ubaldo Aita, Cecilia Cairo, Gabriel Otero, Ana Olivera, Gustavo Olmos, Nicolás Mesa, Oscar Amigo, Daniel Caggiani, Lilián Galán, Margarita Libschitz, Cristina Lustemberg, Gonzalo Civila, Gabriela Barreiro, Constante Mendiondo, Enzo Malán, Nicolás Viera, Claudia Hugo, Susana Pereyra, Sebastián Sabini y Cecilia Bottino; y por unanimidad de presentes se aprobó y pasó a la Cámara de Representantes para su votación en el plenario.
La historia de este proyecto de ley se remonta al año 2018, con un proceso largo y con muchas dificultades, sin embargo, la importancia de la problemática que aborda permitió que se pudiera debatir y discutir con profundidad, recibiendo a todos los Organismos e Instituciones involucrados en la temática.
Se recogieron varias propuestas provenientes de distintos ámbitos que culminó con el diseño del mecanismo que se crea a través del proyecto de ley, considerado como el más adecuado para abordar la problemática.
En la exposición de motivos, se expone que este proyecto propone, en lo medular, ordenar la política pública de infancia y adolescencia, dándole prioridad, incorporando una mirada distinta de diseño y ejecución presupuestal
conforme a la situación que se va a atender; establecer mecanismos para medir, evaluar y monitorear en tiempo real con estándares de calidad adecuados a los niveles de atención, asegurando la integración e integralidad de la política y las prestaciones; profundizar la coordinación de las sectoriales de atención y determinar sistemas de información únicos. Apunta a la universalización de la atención y las prestaciones, ya que las acciones coordinadas permiten mejorar la planeación, priorizar la inversión, ampliar coberturas y mejorar la calidad de los programas, para atender a quienes realmente se debe atender y en mejores condiciones.
Esa coordinación se materializa a través de acciones de mediano y corto plazo, con la identificación de todas las situaciones desde la perspectiva de derechos y con un enfoque de gestión por procesos, basado en resultados. Culmina con un conjunto de acciones encaminadas a lograr que en cada uno de los entornos en los que transcurre la vida de las niñas, niños y adolescentes, existan todas las condiciones necesarias para asegurar su desarrollo integral.
Se orienta a que el país pueda dar cabal cumplimiento de los principios consagrados en la Constitución de la República, la Convención sobre los Derechos del Niño y el Código de la Niñez y la Adolescencia, garantizando efectivamente el reconocimiento de los derechos sin excepción, distinción o discriminación por motivo alguno; la protección especial de su libertad, dignidad humana y el interés superior del niño.
Como se explica, será fundamental el papel del Poder Ejecutivo, en una primera etapa, mediante la reglamentación en que se estipularán los aspectos que resultan necesarios para su implementación y, posteriormente, a través del Ministerio de Desarrollo Social en cuanto a la puesta en funcionamiento del Gabinete Coordinador.